Reflexiones con motivo del Bicentenario de la UBA
Por Lic. María Sol Semino* y Lic. Laura Currá**
* Socióloga y profesora universitaria. Docente UBA - UNLAM
** Politóloga. Docente UBA - UNAJ
Contacto: ppeducsuperior@gmail.com
Blog: politicaspublicases.blogspot.com
Este 12 de agosto se celebra el Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, nuestra querida UBA. En efecto es una celebración que se corresponde con el orgullo que nos genera a todos quienes la habitamos. Una de las mejores universidades de América Latina, pública, masiva y de calidad. Desde la materia “Políticas públicas de educación superior universitaria en Argentina y Latinoamérica”, de la Facultad de Ciencias Sociales, compartimos las siguientes reflexiones con motivo de la fecha.
Conceptos claves: democratización y autonomía
Retomamos dos conceptos importantes que apuntalan la historia y el desenvolvimiento de la institución, como ser la democratización y la autonomía.
El concepto de democratización puede entenderse en dos diferentes sentidos. Puede hablarse de democratización interna haciendo referencia a la participación de los estamentos en el gobierno universitario, es decir docentes, graduados, estudiantes, trabajadores no docentes, por una parte, y hablar de democratización externa designando la representación que las distintas clases sociales tienen en la población universitaria, por otra parte (Chiroleu 2017). A lo largo del siglo veinte en nuestro país y también en el mundo se dieron etapas de expansión universitaria, tanto para el sistema público como para el privado (este último tuvo un crecimiento alto en las décadas del 50, 60 y 90). Es así como podemos dar cuenta de la representación de las diferentes clases sociales al interior del sistema.
La Reforma universitaria iniciada el 15 de junio de 1918, es un hito central en la constitución de nuestras universidades, si bien acontece en la UNC (Universidad Nacional de Córdoba), y uno de sus objetivos se relaciona con la democratización de la institución en estos dos sentidos señalados, uno interno, a través del ejercicio de la autonomía y el cogobierno con representación paritaria de claustros, y otro externo, referido a generar las condiciones necesarias para ampliar las bases sociales. Si bien el movimiento de la Reforma reivindicaba la eliminación de trabas económicas y organizativas tales como la demanda de horarios adecuados y asistencia libre, pensando en los sectores de menores recursos, no hubo acuerdos finales para tales fines, por lo cual la demanda de democratización fue muy acotada y se redujo a los sectores de pertenencia social de quienes generaron la Reforma, en su gran mayoría capas medias en ascenso social. La democratización entonces se asoció al gobierno universitario y a la ampliación de la representación de los claustros de los órganos de gobierno de las universidades.
Otro hito es la eliminación de los exámenes de ingreso y los aranceles durante el gobierno del primer peronismo, el 22 de noviembre de 1949, lo cual permitió el acceso a estudios superiores a personas que creían imposible hacerlo. Es aquí cuando la universidad “se llenó de hijos de obreros” y hubo un exponencial aumento de la matrícula universitaria que pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955.
En 1983 con el retorno de la democracia también acontece una expansión amplia de la matrícula, ya que la última dictadura militar había impuesto nuevamente trabas en el acceso. En efecto siempre hubo una oscilación entre gobiernos democráticos y de facto en cuanto a la ampliación de bases sociales en la universidad, por un lado, y la clausura, represión, persecución y más crueldades por el otro. No podemos dejar de mencionar en este sentido otro hito de la historia de la UBA que fue la “noche de los bastones largos”, el 29 de julio de 1966, cuando la dictadura encabezada por el General Juan Carlos Onganía decidió desalojar distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (la de Ciencias Económicas fue la primera, pero también sucedió en Ciencias Exactas y Naturales, y Filosofía y Letras) y reprimir a las autoridades, los profesores y alumnos que reclamaban en defensa de la autonomía universitaria. Se trató también de una “depuración” académica, por lo cual más de 700 académicos fueron obligados a abandonar sus puestos de trabajo y, muchos de ellos, se exiliaron en el exterior, encarnando el tristemente célebre proceso de “fuga de cerebros”.
En los noventa también hubo una expansión del sistema, pero focalizada en el Conurbano bonaerense, con instituciones localizadas en zonas donde los estudiantes tienen problemas para el acceso, no pudiendo superar la barrera económica que significa trasladarse a las universidades tradicionales, además de que gran parte de su alumnado son trabajadores y/o con familiares a cargo (Semino, 2021).
En las dos primeras décadas del siglo veintiuno continuó la expansión con las últimas universidades públicas creadas durante los gobiernos kirchneristas. En el año 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206, que reconoce a la educación como un bien público y un derecho social que el Estado debe garantizar, mostrando un compromiso por parte de este para con la igualdad, gratuidad y equidad. Se hace énfasis en la inclusión, pero no sólo entendida como el acceso al sistema, sino en la permanencia y terminalidad (Manera y Romer, 2010).
La expansión del sistema de educación superior adquirió entonces un sentido distinto al de otros períodos, principalmente por la recuperación del rol del Estado, su acción promotora y reguladora. Decimos que, para hablar de una real democratización, es necesario el cambio de foco que posiciona al estudiante como responsable individual de su “falta de mérito” hacia un foco institucional como responsable en evitar el desgranamiento del sistema. Se hace uso del concepto de “inclusión excluyente” en referencia a que, si bien se ha ampliado la matrícula en educación superior, hay procesos como la deserción, el fracaso, la segmentación de la educación superior, las diferencias de capital académico y cultural, que terminan beneficiando a los sectores medios altos en detrimento de los menos favorecidos en lo que a trayectoria educativa se refiere. La democratización es más que un problema de ingreso, ya que el ingreso irrestricto no garantiza el egreso, sino que puede retrasar el proceso de selección social (Gluz, 2011). Entonces, cuando se habla de democratización externa en general se alude a la ampliación de bases sociales y muchas veces esto refiere solamente al acceso, quedando las dimensiones de la permanencia y el egreso relegadas, por lo cual es crucial hacer el pasaje de la ampliación a la inclusión, normativizado en la LEN del 2006.
Respecto a los indicadores de graduación Chiroleu (2018) señala que, según datos del 2016 – 2017, solamente el 26, 3 % de los alumnos de universidades públicas egresan en el tiempo teórico de duración de las carreras (en las privadas es un poco superior: 38,6 %). No obstante, se observa un incremento en el número de egresados respecto a períodos anteriores. Consideramos que las políticas institucionales para la permanencia son fundamentales para profundizar la democratización del sistema y que no se agote con el acceso. Se trata de políticas universitarias diseñadas para garantizar el derecho a la educación superior, como ser orientación educativa, tutorías, becas, clases de apoyo, seguimiento de alumnos con ausencias prolongadas, asistencia para el uso de métodos de estudio, entre otras.
Es necesario destacar la presencia que suelen tener las organizaciones estudiantiles que llevan a cabo varias de estas acciones y estrategias de contención y acompañamiento.
Siguiendo con nuestras reflexiones, con respecto a la autonomía, se trata de un concepto polisémico y conflictivo; en clave jurídica se entiende que es el grado más alto de descentralización política, la capacidad de dictarse sus propias normas y regirse por ellas. Desde una clave política, la autonomía ha sido afectada, por una parte, por los cambios desde un estado benefactor o laissez-fare hacia un estado evaluador, y por otra, por la reconfiguración de la educación pública como un servicio sujeto a la demanda de la sociedad y del mercado. Luego, desde una clave filosófica, hay muchas razones a favor de la autonomía, pero también otras para que el Estado intervenga en la educación superior, entendiendo que el mismo encarna la voluntad del pueblo y su obligación es favorecer el interés general promoviendo la producción científica, y exigir rendición de cuentas del uso de fondos públicos y proteger los intereses de sus usuarios (Nosiglia, 2010).
Chiroleu (2018) señala que “opera también un mecanismo automático de rechazo de las políticas nacionales sin contemplar alternativas diversas para resolver la tradicional tensión entre éstas y la autonomía institucional”. Además, se “desconocen” otras fuerzas que limitan a la institución, como ser los grupos de poder, partidos políticos, corporaciones profesionales, el mercado.
Es pertinente señalar tal como lo hace Tatián (2018) que la autonomía no es autismo, y que “no equivale a soberanía ni convierte a la universidad pública en un imperio dentro de otro imperio”, sino más bien que representa la articulación, la intervención, la construcción heterogénea y la convergencia política con movimientos sociales, que no se desentiende de la implementación de políticas públicas originadas en el Estado. No se desentiende ni debiera desentenderse.
En este sentido es que se introduce la idea de rendición de cuentas, porque bien sabido es que todos con nuestros impuestos mantenemos en pie la universidad, formemos parte o no de ella, y no debe ser interpretado como una intromisión el pedir un justo conocimiento de la distribución de recursos a su interior y de los resultados que ella genera. Porque la Universidad, porque la UBA, es de todos y todas.
Pandemia y después
No puede dejar de mencionarse el trabajo con relación a la pandemia de Covid 19 que ha realizado no solamente la UBA, sino la totalidad del sistema universitario nacional.
Con relación a la continuidad de las actividades académicas, ya en el 2017 se acordó un marco legal que aseguraba condiciones de calidad para el desarrollo de la modalidad a distancia. Esto significa que además de conseguir la acreditación especifica que otorga la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), las instituciones que decidieran implementar ofertas educativas a distancia deben crear el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), validado por la Secretaría de Políticas Universitarias. El SIED de la UBA fue aprobado el 11 de abril de 2018, y en su artículo 5 señala que “la educación a distancia se define como la opción pedagógica y didáctica donde la relación docente-estudiante se encuentra separada en tiempo y espacio, durante todo o gran parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes, materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los estudiantes alcancen los objetivos de la propuesta educativa”. También reconoce que la modalidad a distancia contribuye a la democratización de la educación superior universitaria. A mediados del 2020 la mayoría de las universidades contaba con el SIED, lo que constituyó una base estructural clave para afrontar la emergencia. Cierto es que no todas las materias estaban preparadas para la modalidad a distancia como aquellas que ya formaban parte del SIED, pero no hay que perder de vista la rápida respuesta y puesta en forma que han tenido para con el nuevo escenario presentado en marzo del 2020. Como señala Chiroleu (2020), “la nueva situación implicó una adopción forzada y una generalización de esta modalidad como única forma asequible para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, al punto que ha sido denominada por algunos como “educación remota de emergencia””.
En efecto, la virtualidad no reemplaza a la presencialidad, pero la complementa. No obstante, existe una brecha digital entre los estudiantes y entre las instituciones. La posesión de equipamiento tecnológico, la conectividad, y el carácter socialmente condicionado de los aprendizajes tienden a ampliar las desigualdades de los sectores más vulnerables, y por más que hubo acuerdos entre las instituciones y las empresas de telefonía e internet en cuanto al libre acceso a plataformas educativas, esto no es condición suficiente del aprovechamiento de actividades online. Se requieren ciertas habilidades para la aprehensión del conocimiento y una mayor autonomía de trabajo y organización del tiempo de estudio que no todos los estudiantes presentan por igual.
En cuanto a la extensión y el rol social que pueden tener las universidades, la pandemia reforzó la percepción sobre la relevancia del quehacer científico y el papel de las universidades como productoras de conocimiento y capaces de brindar soluciones para el drama sanitario mediante la investigación. Tal es así que desde el primer momento los estudiantes de la UBA se ofrecieron como voluntarios en campañas de vacunación contra la gripe, realizar control y seguimiento en pacientes, entre otras como el reclutamiento de voluntarios para atención de pasajeros en hoteles, o en barrios de emergencia, acompañamiento a adultos mayores, atención primaria de la salud, producción de insumos como ser alcohol en gel, sanitizantes, respiradores, campañas de promoción comunitaria, actividades que se hicieron extensivas a todas las universidades (Fanelli, Marquina y Rabossi, 2020).
A modo de cierre
En 200 años de nuestra historia institucional sucedieron muchos acontecimientos, de todo orden y desorden, con vaivenes democráticos y autoritarios, aperturas y clausuras, alumbramiento y oscuridad, éxitos y frustraciones. Lo cierto es que, desde la reapertura democrática en 1983, como sociedad, más que nunca sostenemos y defendemos nuestra UBA pública, gratuita y de excelencia para cada persona que habite nuestro suelo.
Ninguna universidad debe desentenderse del hecho de que los grupos sociales con capital económico, escolar y social diverso tienen diferentes posibilidades de éxito en el circuito educativo. En este sentido la noción de inclusión parte del reconocimiento de que la sociedad no es homogénea y la diversidad merece ser revalorizada. Se apunta a incluir dentro a una diversidad racial, cultural y sexual semejante a la que existe en la sociedad, y se busca remediar discriminaciones históricas que llevaron a situaciones de desigualdad (Chiroleu, 2017).
Hoy el Sistema Universitario se está preparando para la vuelta a la presencialidad, lo cual es sumamente significativo ya que lo virtual no reemplaza los vínculos que se forjan en las aulas, en los pasillos y su entorno.
Nuestro compromiso con la inclusión que lleve a una verdadera democratización no debe verse opacado por ninguna circunstancia, por más excepcional que fuera, por lo cual reiteramos la importancia de las políticas institucionales y públicas para la permanencia y el egreso de nuestros estudiantes.
Bibliografía
-Chiroleu, A. (2017): La democratización del acceso a la universidad: de la ampliación de oportunidades a la inclusión, UNDAV, Secretaría académica.
-Chiroleu, A. (2018): “Claroscuros de la universidad que construimos en democracia: autonomía, cogobierno y expansión de oportunidades”, en Propuesta Educativa Número 50, Año 27, noviembre 2018, Vol. 2, Flacso Argentina.
-Chiroleu, A. (2020): “Argentina: agendas universitarias en tiempos inciertos”, en Pensamiento Universitario, N° 19, Año 19, Argentina, octubre de 2020.
-Currá, L. (2019) "¿Portadora del cambio o reproductora del status quo?" ISBN:978-987-4400-44-4
-Fanelli, A; Marquina, M. y Rabossi, M. (2020): “Acción y reacción en época de pandemia: la universidad argentina ante la Covid 19”, en ESAL, Revista de Educación Superior en América Latina, Número 8, julio-diciembre de 2020.
-Gluz, N. (2011): “Cuando la admisión es más que un problema de ingreso”, en Gluz, N. (editora): Admisión a la universidad y selectividad social: cuando la democratización es más que un problema de ingreso, Buenos Aires, UNGS.
-Manera T., Romer, P. (2010): “Continuidades y rupturas en las políticas educativas de Néstor Kirchner”, en Mecle, E. (ed.), Políticas públicas y razón populista. El modelo progresista de Kirchner: 2003 – 2007. Proyecto Editorial, Buenos Aires.
-Nosiglia, María Catalina (2010): Perspectivas sobre la autonomía universitaria, en Políticas educativas, Porto Alegre, Vol. 3, N°2.
-RES. 251/2018. Obtenido de https://www.uba.ar/archivos_uba/2018-04-11_251-18.pdf
-Semino, M. S. (2021): “Las estrategias institucionales para favorecer la permanencia, y la importancia de conocer las vivencias de los estudiantes en un contexto de pandemia”, en Revista Académica Sinergia.educ.ar, Año 2, Número 2, mayo 2021.
-Tatian, D. (2018): “La invención y la herencia: Notas liminares para una universidad abierta”, en Revista Caracol, Sao Paulo, N° 16, julio-diciembre 201